En Colombia dada la importancia que tiene la constitución como norma fundamental, voluntad del pueblo y como dice Mauricio García “nuestra conexión con el futuro”, es la herramienta que tiene la población insatisfecha y consumidora de drogas para lograr que el derecho del libre consumo se les conceda. Este problema refleja la realidad de lo que denomina Mauricio Villegas “constitucionalismo aspiracional”.
A lo largo de la historia mundial el hombre ha consumido sustancias que modifican sus funciones fisiológicas, sustancias tales como el alcohol, el cigarrillo, hongos, el mate, la marihuana, entre otras. Al mismo tiempo se han implementado dos políticas principales para combatir el consumo, las cuales son la “Educación del daño” y la “Guerra contra las drogas”. Políticas contrarias respecto al derecho de consumir drogas blandas.
En Colombia al igual que en Estados Unidos la política reinante es la guerra contra las drogas, privilegiando la coerción sobre el autocontrol[1] . Esta posición en contra de la legalización de las drogas y a favor de la coerción es apreciable en múltiples normas, proyectos o jurisprudencia que se han presentado en los últimos años, ejemplos claros de estas son: La ley 30 de 1986, ley 599 de 2000 (Código Penal, Artículos 375 y 376), el salvamento de voto de la sentencia C-221 de 1994 entre muchas otras normas relacionadas con este tema.
Sin embargo en contra de estas leyes existe un porcentaje de la sociedad Colombia que lucha con el propósito de que el estado declare el consumo de drogas como un derecho fundamental consagrado en la constitución, señala que hay una sociedad que está inconforme y quiere progreso. Manifiesta que se quiere lograr la total efectividad y protección del derecho del libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la carta política. Y Demuestra por ultimo que en nuestro país prospera el constitucionalismo aspiracional.
No es un proceso fácil para aquellos que buscan un cambio de mentalidad en un país tan conservador como Colombia, donde además se culpa al narcotráfico como causante de la violencia. No obstante pensamos que la reforma sería posible si se diera una verdadera cohesión social por parte de las personas que están en pro de este derecho y que a su vez esta masa se apoyara de la esfera política para alcanzar su objetivo.
[1] Siguiendo el argumento propuesto por Paolo Scalia: “El comportamiento humano puede ser controlado por dos formas: La propia persona (autocontrol), o por otra persona (Coerción)”.